Pobladores del ejido El Bajío, en Caborca, Sonora solicitaron a la Embajada de Reino Unido en México, al Senado de la República y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, intervenir ante el despojo que han sufrido de sus tierras –según dijeron– por parte de la minera Penmont quien ha explotado grandes cantidades de oro y plata pese a que existen más de 70 sentencias de tribunales agrarios donde se ordena restituir esa tierras a los ejidatarios.
En entrevista en el Senado luego de una reunión con legisladores, llamaron al Gobierno de la República y a las autoridades del Reino Unido, para que intervengan en su favor y se logre la restitución de sus tierras y la indemnización correspondiente por parte de la minera Penmont.
El abogado de los ejidatarios, Rubén Olivares, explicó que buscan el apoyo del embajador británico, Jon Benjamín, pues la compañía Minera Penmont, con matriz en Fresnillo PLC, es una empresa que realiza sus reuniones de accionistas en Reino Unido donde cotiza en la Bolsa, y la misma se dedica a la exploración y explotación y beneficio de oro.
En tanto que los ejidatarios, Abel y Erasmo Cruz López; José Concepción y Carmen Cruz Pérez; y Luis Enrique Cruz Figueroa, acusaron que desde hace más de 20 años fueron despojados de más 2,400 hectáreas, por parte de la citada minera que subsidiaria de “Fresnillo PLC”, es una empresa que realiza sus reuniones de accionistas en Reino Unido, y la misma se dedica a la exploración y explotación y beneficio de oro.
El abogado y los ejidatarios recordaron que el Tribunal Superior Agrario dentro de la excitativa de justicia 165/2023-28, del ejido “Bajío” ordenó entregar inmediatamente las tierras de uso común y a pagar las indemnizaciones correspondientes por los cerca de 21 años de ocupación ilegal y explotación de los minerales.
De hecho aseguraron que existen 70 sentencias del Tribunal Agrario a favor de los ejidatarios por el despojo de más de dos mil 400 hectáreas, aunque presuntamente la magistrada Alejandrina Gámez, titular del Tribunal Unitario de Distrito con sede en Hermosillo, Sonora, se ha negado hacer efectiva la sentencia.
Rubén Olivares, recordó que han realizado reuniones con que la Secretaria de Gobernación, buscando se solucione en este sexenio este conflicto y se obligue a la ejecución de las sentencias para que la minera desocupe las tierras ricas en minerales como el oro y plata entre otros, pague las indemnizaciones correspondientes y haga la remediación ambiental por los daños ecológicos causados al medio ambiente del entorno de las tierras del ejido “El Bajío”.
Por ello, exhortaron al Senado, a la Secretaría de Gobernación y al presidente López Obrador a pedir un informe sobre la actuación de Alejandrina Gámez Rey, titular del Tribunal Unitario Distrito 28 con sede en Hermosillo Sonora, quien se niega hacer efectiva la sentencia para la restitución de tierras y el pago de la indemnización en favor de la familia Cruz.
You must be logged in to post a comment Login